La sociedad dominicana transita por una descomposición generalizada, desde los niveles más altos del poder económico y político hasta el más noble de los ciudadanos, salvo raros casos.
No es posible que al cumplirse la primera década del siglo XXI, estemos usando el poder judicial para hacer de todo, menos justicia.
Parece que nos encontramos en los tiempos del Viejo Oeste estadounidense -etapa ya superada en esa gran nación- en la que el más certero de los pistoleros establecía sus reglas del juego, sin que hubiera un organismo de control estatal que tomase carta en el asunto.
La República Dominicana ha involucionado en cuanto a los procesos históricos. La ineptitud de quienes nos gobiernan no tiene límites. Es tan afrentosa y alarmante la situación, que los acontecimientos recientes desde el ámbito judicial y policial nos retrotraen a la época ya señalada, porque cualquier hecho asombroso y refutable por la sociedad, en sentido general, pasa indiferente ante las autoridades que deben imponer las normas sociales para contrarrestar, perseguir y castigar a los infractores del orden establecido.
Estos órganos del Estado no funcionan, porque no coordinan sus funciones, dando una sensación de “galloloquismo” que deja estupefacto al más ignorante del pueblo.
Son muchos los casos en que los cuerpos represivos persiguen y capturan a confesos criminales, pero la “benevolencia de la justicia” los trata como personas de bien y los liberan de una forma que todos quedamos atónitos, pero a la vez sospechosos, y en algunos casos decimos que donde hay dinero no se aplica justicia.
Muchas veces los jueces actúan en cuanto a evacuar sentencias en contra de los que delinquen, y los encargados de prisión, por prebendas que otorgan los reclusos, les permiten hacer vida social con toda normalidad, hasta que éstos emprenden la fuga en ocasiones.
Así nos lo demuestran los casos de la narcotraficante y lavadora de activos, Sobeida Feliz; quien terminó siendo prófuga de la justicia, y ahora el del sicario Raúl Serumberto Mota Reynoso (Vantroi), que a pesar de haber asesinado a 39 personas y herir a 15, después de ser apresado en la frontera de México con Estados Unidos, mientras era prófugo, y ser extraditado al país, fue puesto en libertad. En ambos casos aparecen las decisiones de dos jueces interinos y la providencia del pago de fianzas para adquirir libertad bajo palabra o condicional.
La sociedad demanda más responsabilidad de las autoridades policiales y judiciales, porque en un abrir y cerrar de ojos, tendremos en Santo Domingo a Ciudad Juárez de México, donde el sicariato y narcotráfico provocan muertes que por semana suman hasta 50 personas.
No es posible que al cumplirse la primera década del siglo XXI, estemos usando el poder judicial para hacer de todo, menos justicia.
Parece que nos encontramos en los tiempos del Viejo Oeste estadounidense -etapa ya superada en esa gran nación- en la que el más certero de los pistoleros establecía sus reglas del juego, sin que hubiera un organismo de control estatal que tomase carta en el asunto.
La República Dominicana ha involucionado en cuanto a los procesos históricos. La ineptitud de quienes nos gobiernan no tiene límites. Es tan afrentosa y alarmante la situación, que los acontecimientos recientes desde el ámbito judicial y policial nos retrotraen a la época ya señalada, porque cualquier hecho asombroso y refutable por la sociedad, en sentido general, pasa indiferente ante las autoridades que deben imponer las normas sociales para contrarrestar, perseguir y castigar a los infractores del orden establecido.
Estos órganos del Estado no funcionan, porque no coordinan sus funciones, dando una sensación de “galloloquismo” que deja estupefacto al más ignorante del pueblo.
Son muchos los casos en que los cuerpos represivos persiguen y capturan a confesos criminales, pero la “benevolencia de la justicia” los trata como personas de bien y los liberan de una forma que todos quedamos atónitos, pero a la vez sospechosos, y en algunos casos decimos que donde hay dinero no se aplica justicia.
Muchas veces los jueces actúan en cuanto a evacuar sentencias en contra de los que delinquen, y los encargados de prisión, por prebendas que otorgan los reclusos, les permiten hacer vida social con toda normalidad, hasta que éstos emprenden la fuga en ocasiones.
Así nos lo demuestran los casos de la narcotraficante y lavadora de activos, Sobeida Feliz; quien terminó siendo prófuga de la justicia, y ahora el del sicario Raúl Serumberto Mota Reynoso (Vantroi), que a pesar de haber asesinado a 39 personas y herir a 15, después de ser apresado en la frontera de México con Estados Unidos, mientras era prófugo, y ser extraditado al país, fue puesto en libertad. En ambos casos aparecen las decisiones de dos jueces interinos y la providencia del pago de fianzas para adquirir libertad bajo palabra o condicional.
La sociedad demanda más responsabilidad de las autoridades policiales y judiciales, porque en un abrir y cerrar de ojos, tendremos en Santo Domingo a Ciudad Juárez de México, donde el sicariato y narcotráfico provocan muertes que por semana suman hasta 50 personas.
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