La corrupción, nuestro pan de cada día

Junta Central Electoral

La corrupción como tal, o las sospechas que de ésta se desprenden, no tiene límites en cuanto su accionar en las instituciones públicas o privadas de nuestro país.

Muchos son los escándalos que año tras año se engendran desde cualquier ámbito en torno a la mala administración y los desfalcos, inclusive, en instituciones que están creadas para supervisar y combatir dicho mal. Es necesario mencionar, por lo menos en gobiernos recientes, escándalos que han dejado perpleja a la población, que es la que más sufre los embates del flagelo llamado corrupción, por ejemplo, el caso de Jesús Feliz Jiménez, ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), acusado de obtener terrenos ilegalmente en confabulación de empresas fantasmas. Otros casos similares son los de jueces que están llamados a actuar con justicia, los cuales fallan descaradamente a favor de causas indefendibles. O los casos que continuamente suenan, como los de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), El Seguro para Maestros (SEMMA), la Junta Central Electoral (JCE), los cuales no son recientes.

Actualmente, la JCE atraviesa por una crisis institucional, ya que uno de sus jueces, la doctora Aura Celeste Fernández acusa a la Cámara Administrativa, presidida por el magistrado Roberto Rosario, de realizar operaciones no apegadas a las normas de dicho organismo, lo que ha provocado acusaciones y contraacusaciones entre ambos jueces.

Esta situación llevó a que se convocara el pleno de la JCE para buscar una solución al conflicto entre los magistrados, y limpiar la imagen empañada de esta institución que es de mucha importancia para la democracia de la nación.

De acuerdo con un informe detallado dado por el pleno de la institución, ésta ha actuado de conformidad con la ley 275-97 modificada por la ley 02-2003 que rige a la JCE, por lo que no ha habido malversación en la ejecución presupuestaria.

El pleno de la JCE está conformado por la Cámara Contenciosa, la Cámara Administrativa y el presidente de la JCE.

Hay que decir, sin embargo, que estas instituciones públicas, en los casos de esta naturaleza, siempre se van por la tangente y terminan indicando que todo anda bien, cuando la realidad nos demuestra que las cosas no son con lo expresan en determinados momentos o antes ciertos escándalos.

Sería justo si se creara un organismo estatal que sea escogido por el mérito y de forma directa por el pueblo, que además se alterne cada cierto tiempo, para que vigile y audite todas las instituciones del gobierno. Un organismo en el que los gobiernos de turno y los políticos en sentido general no influyan en su escogencia, en el que las personas ligadas o comprometidas abiertamente con los partidos del sistema no tenga cabida.

Sólo de este modo, podremos enmendar el país por un sendero de prosperidad, en el que impere la diafanidad y la eficacia.

Por Manuel Espinal